Aunque ya lo definimos brevemente en la entrada dedicada a los peajes de acceso, hemos querido cerrar la serie de posts dedicados al funcionamiento del sector eléctrico español con el archiconocido déficit de tarifa, ya que siempre está en el centro de la polémica y su eliminación fue uno de los objetivos que se pretendía alcanzar con la última Reforma Eléctrica.
Jorge Fabra (Presidente de Red Eléctrica de España entre 1988 y 1997, Consejero de la Comisión Nacional de Energía entre 2005 y 2011 y Presidente de Economistas Frente a la Crisis en la actualidad) define el déficit tarifario como “la diferencia entre los costes de la electricidad reconocidos por las normas regulatorias y las tarifas reguladas que pagan los consumidores”. En su definición, Fabra siempre destaca la palabra “reconocidos” y en ese sentido defiende que los costes reales en los que las eléctricas incurren son inferiores a los costes que la regulación les reconoce, de modo que el déficit tarifario en realidad tendría un origen regulatorio y no económico. ¿Cobran las eléctricas exactamente lo que les cuesta producir y distribuir la electricidad o, por el contrario, se les reconocen unos costes alejados de la realidad? Lo cierto es que hasta el momento no se ha realizado ningún análisis de los costes del sector, aunque existen varias iniciativas que pretenden llevar al parlamento el debate sobre la necesidad de hacer una auditoría del déficit de tarifa.
La ausencia de dicha información hace difícil poder establecer cuál es el origen del déficit de tarifa. Algunos expertos lo sitúan en el Real Decreto 1432/2002, impulsado por el entonces Ministro de Economía Rodrigo Rato, que contemplaba que la tarifa eléctrica nunca podía subir más que el IPC; otros culpan a la subida del precio de generación, o a la elevada inversión en energías renovables. Jorge Fabra y Jorge Morales, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, enumeran algunas claves en los siguientes vídeos:
Tanto Fabra como Morales hacen referencia también a los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), que es otro concepto indispensable para comprender la situación actual del sector eléctrico español. Y es que, en los primeros años tras la liberalización del sector eléctrico, se establecen los CTC con el objetivo de garantizar a las empresas la recuperación de la inversión que habían realizado en el Marco Legal Estable (marco regulatorio del sector eléctrico entre 1988 y 1997), dado que la nueva situación de la competencia en el mercado no garantizaba su amortización. De este modo, se fijó un precio de referencia para la retribución de las empresas y, si el precio de mercado de la electricidad era inferior, las empresas recibirían la diferencia; si ocurría lo contrario, ellas deberían abonar la diferencia. No obstante, a finales de 2005 resultó que las empresas habían recibido más de 56.700 millones de euros, que eran los costes de inversión aproximados que se habían reconocido para todas las centrales existentes. Es por eso por lo que en 2006 se suprimen los CTC, pero los beneficios extra obtenidos por las empresas no fueron reembolsados y pasaron a formar parte del déficit de tarifa.
Con un déficit de la magnitud del que tenemos en España en la actualidad no es fácil determinar quién ni cómo debe pagarse, de ahí que las posibles soluciones no estén claras. Sin embargo, lo que sí resulta evidente es que si se quiere evitar que los ciudadanos tengan que estar pagando esta deuda contraída por los diferentes gobiernos con las grandes compañías eléctricas, habrá que apostar por la transparencia y por una reforma efectiva del Mercado Eléctrico, puesto que el déficit de tarifa no hace más que evidenciar sus deficiencias.